Después de que las Cortes de apelación de Reims, Grenoble, Bourges, Caen y Chambéry hayan descartado la aplicación del baremo Macron implementado por el artículo L.1235-3 del Código laboral francés que impone un límite a las indemnizaciones por despido, ha llegado el turno de la Corte de apelación de París que en su sentencia del 16 de marzo pasado ha descartado la aplicación de dicho baremo.

En efecto, tras la reforma laboral francesa y el “baremo Macron”, las indemnizaciones por despidos improcedentes notificados con posterioridad al 24 de septiembre de 2017 están limitadas a una cantidad equivalente a un número de meses de salario que varía en función de la antigüedad del trabajador y que puede ser como máximo de hasta 20 meses de salario.

Las órdenes ministeriales Macron tenían como objetivo dar mayor seguridad jurídica y previsibilidad a las empresas a la hora de valorar las consecuencias de un despido. Sin embargo, en muchas demandas se alega que la aplicación de este baremo impide a los trabajadores con poca antigüedad o en situación precaria, la obtención de una compensación adecuada en consideración del daño sufrido, al no tener en cuenta la situación individual del trabajador. De hecho, el principal argumento consiste en demostrar que el artículo L. 1235-3 del Código laboral (baremo Macron) entra en contradicción con las normas internacionales y, en particular, con el artículo 10 del Convenio nº158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el artículo 24 de la Carta Social Europea, que establecen que la indemnización debe ser adecuada.

Esta cuestión ha suscitado muchos debates desde que el baremo Macron entró en vigor.

Así pues, varios tribunales se han opuesto a la limitación mencionada llegando a descartar la aplicación del baremo Macron siendo la Corte de apelación de Reims la primera en admitir la posibilidad de un examen “in concreto” de la situación del trabajador para apreciar la adecuación de la indemnización por despido al perjuicio sufrido por el trabajador.

En una instrucción ministerial del 26 de febrero de 2019 destinada a los fiscales de los tribunales de segunda instancia, el Ministerio de Justicia solicitó ser informado de las resoluciones dictadas en su jurisdicción que hubieran descartado la aplicación del baremo Macron y que estuvieran en fase de recurso con el objetivo de intervenir como parte en dichos procedimientos.

A petición de los tribunales de Louviers y Toulouse, el Tribunal Supremo emitió un dictamen en julio del 2019 en el que admitía la compatibilidad del baremo Macron con el Convenio de la OIT. No obstante, al tratarse de un dictamen sin efecto vinculante, algunos juzgados han continuado apartando la aplicación del mencionado baremo.

En este sentido, la Corte de apelación de Grenoble establecía una serie de criterios a tener en cuenta para valorar el perjuicio sufrido, principalmente, «las consecuencias morales del despido y su repercusión económica, en particular, sin que esta lista sea exhaustiva, en consideración de un período más o menos largo de desempleo, la baja de los ingresos, el aumento del tiempo de desplazamiento hasta un nuevo lugar de trabajo, la necesidad de trasladarse, una situación de discapacidad o incluso las responsabilidades familiares…. «,

En cambio, la Corte de apelación de París que se pronunció por primera vez al respecto en septiembre de 2019 y siguió el criterio recogido en el dictamen del Tribunal Supremo y aplicó el baremo sin descartar por ello, la posibilidad de inaplicar el baremo. Un mes más tarde, una sala distinta de dicho tribunal no hizo referencia a la posibilidad de descartarlo.

Sin embargo, un año y medio después, la Corte de apelación de París ha descartado la aplicación del baremo Macron.

Los hechos de la sentencia relatan el despido de una trabajadora en 2017 por motivos económicos tras casi cuatro años en la empresa. Al considerar que su despido era improcedente solicitó una indemnización de casi 40.000 € por daños económicos y morales que equivalía aproximadamente a nueve meses de salario. Dicha cantidad era sensiblemente superior a la que resultaba de aplicar el baremo Macron, que, dada su antigüedad y el tamaño de la empresa, situaba la indemnización en una horquilla de entre tres y cuatro meses de salario.

La Corte ha considerado que, habida cuenta de la edad de la trabajadora (53 años el día del despido, 56 en la actualidad), su antigüedad, las posibilidades de conseguir un nuevo trabajo, el tiempo en que había estado en desempleo y la consiguiente pérdida de ingresos, la indemnización por despido improcedente adecuada a la situación particular no podía limitarse a cuatro meses de salario (17.600 €) que apenas cubría la mitad de su perjuicio financiero cuantificado en 32.000 €.

Esta solución es importante en el sentido en que el importe finalmente otorgado por el juzgado (32.000 €) es casi el doble de lo que hubiera recibido la trabajadora de haberse aplicado el baremo Macron.

En nuestra opinión, esta sentencia debe ser considerada junto a las siguientes:

– la sentencia del juzgado de lo social de Troyes de 13 de diciembre de 2018 que establece una indemnización igual a nueve meses de salario cuando por aplicación del baremo dicha indemnización era igual a cuatro meses de salario;

– la sentencia del juzgado de lo social de Reims de 25 de septiembre de 2019 que sostuvo que el perjuicio de la pérdida de empleo tenía que ser cuantificado en función de la antigüedad del trabajador, pero también de sus cualificaciones profesionales o su situación personal; y

– la sentencia de la Corte de apelación de Bourges, de 6 de noviembre de 2020 que confirmaba la sentencia de primera instancia que otorgaba una indemnización al trabajador superior a la establecida en el baremo Macron a un trabajador de 59 años en el momento de su despido en base a la dificultad de encontrar trabajo.

En vista de lo anterior, urge el pronunciamiento del Tribunal Supremo a través de una sentencia firme (y no de un dictamen) para aportar más seguridad jurídica a esta cuestión. En cualquier caso, en nuestra opinión, la decisión de la Corte de apelación de París no pone en entredicho todavía la legalidad del baremo.

 

Elodie Loriaud y Coline Montangerand

M&B Abogados